costas come terreno....

Dos campings de Noja que siempre fueron privados pasan a ser de Costas
«Un Estado no puede abusar así de los ciudadanos», lamenta su propietario tras saber que su familia pierde las instalaciones y un edificio de 44 apartamentos
15.02.11 - 00:10 - Iñigo Fernández | Santander
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Ni la reforma de la Ley de Costas acordada el pasado miércoles en el Senado ni las negociaciones iniciadas un día después entre la ministra de Medio Ambiente y el Gobierno de Cantabria han detenido la actividad de los técnicos de la Demarcación de Costas. El 10 de febrero, el mismo día en que se reunían Miguel Ángel Revilla y Rosa Aguilar y en que los afectados por la Ley de Costas celebraban el resultado de la votación en el Senado, la familia de Eloy Lavín, en Noja, recibía una dura noticia. En virtud del último deslinde del dominio público marítimo-terrestre, el Estado se queda con todas sus propiedades. Dos instalaciones de camping -Joyel y Suaces- y un edificio de apartamentos pasan de sus manos a las de la Administración: de la noche a la mañana, sin compensación de ningún tipo, sin indemnización económica... La operación también incluye otro de los grandes campings de Noja -Los Molinos-, aunque este no pertenece a su familia sino a otra. En total, más de 50 hectáreas de terreno. «Con la Ley de Costas, el Estado se queda con todos los campings de España», afirma Eloy Lavín.
De momento, lo que es seguro es que se queda con los dos suyos. El Camping Suaces es pequeñito. Dispone de 85 parcelas. El otro, el denominado Joyel, es mucho mayor. Tiene capacidad para 1.030 familias. Entre uno y otros ocupan 21 hectáreas de terreno junto a la playa de Ris, en el extremo occidental del litoral de Noja. Allí se encuentra también el Edificio Suaces, construido hace treinta años y que consta de 44 apartamentos para turistas.
Todas estas instalaciones turísticas fueron edificadas sobre terrenos de los que la familia era propietaria o que fue adquiriendo con los años. En este caso no hubo concesiones ni autorizaciones para rellenar la marisma. «Es una propiedad privada que ha sido siempre propiedad privada», dice Eloy. Ahora, la Demarcación de Costas en Cantabria incluye las parcelas en el dominio público marítimo-terrestre y ofrece a sus titulares convertir la propiedad en concesión, con una vigencia de treinta años.
A los tribunales
El escrito remitido por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), comunica a la familia la aprobación del deslinde y la decisión de ordenar a la Demarcación de Costas en Cantabria el inicio de los trámites para reflejar esta nueva situación en el registro de la propiedad. También pone en conocimiento de los afectados que disponen de un plazo de un año para solicitar la explotación de los terrenos en régimen de concesión, con una duración máxima de treinta años.
Frente a ese acuerdo cabe interponer un recurso de reposición ante la ministra en el plazo de un mes o un recurso judicial en vía contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, según Costas. «Me lo quitan y no tengo más opción que recurrir a los tribunales, pero no al Juzgado de Paz de Noja, sino a la Audiencia Nacional», se lamenta Eloy. El recurso le va suponer un desembolso de «muchos millones de pesetas».
«Es vergonzoso que a un ciudadano le quiten todo y le digan: 'Vaya usted a la Audiencia Nacional'. Y que no haga nadie nada; y que no haya una autoridad que lo pare», añade.
Abusar de los ciudadanos
Denuncia Lavín que «se basan en la arena que tiene el subsuelo y en que, abriendo los diques de las marismas, la finca se inundaría», pero «es muy injusto decir que, porque tiene arena, eso es dominio público». «¿Por qué no cogen todo Santoña, todo Berria, todo Laredo? ¿Por qué precisamente esto? Es muy fácil, porque pertenece a una sola familia y te arrugas», añade.
Según Lavín «un estado no puede abusar así de los ciudadanos». Dice que «soy persona pacífica, pero da una rabia tremenda que te hagan esto y, sobre todo, la inmunidad y la impunidad de la administración española. Tú te gastas ahora no su cuántos millones de pesetas y, si ganas, nadie en la administración es responsable»
«He cumplido la edad de jubilación y tengo la sensación de que esto no lo voy a resolver en la vida», pero está dispuesto a luchar, porque «es el patrimonio de dos generaciones de mi familia» lo que está en juego y, si lo quieren, «tendrán que pagarlo porque estos terrenos son nuestros»